Prostituição infantil e desigualdade: o reflexo da exclusão social nas comunidades carentes

Resumen

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales y humanos, afectando directamente la dignidad de la persona y comprometiendo el desarrollo integral de los individuos en una etapa particular de su desarrollo. Si bien el ordenamiento jurídico brasileño cuenta con mecanismos normativos para la protección de la infancia y la adolescencia, la persistencia de esta forma de violencia pone de manifiesto los desafíos relacionados con la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la Constitución Federal de 1988, el Estatuto de Niños, Niñas y Adolescentes y los tratados internacionales para la protección de los derechos de la infancia. Este estudio tiene como objetivo analizar la explotación sexual infantil y adolescente como una violación de los derechos fundamentales y un reflejo de las desigualdades sociales presentes en las comunidades vulnerables. Busca examinar los instrumentos jurídicos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia, comprender la influencia de la exclusión social y la vulnerabilidad económica en la ocurrencia de este fenómeno y analizar los desafíos que enfrentan las políticas públicas para su prevención y lucha. La investigación se desarrolló mediante el método deductivo, empleando un enfoque cualitativo y procedimientos de revisión bibliográfica y documental, con base en el análisis de la legislación, la doctrina jurídica, los artículos científicos y las producciones académicas relacionadas con el tema. Los resultados demuestran que, a pesar de la existencia de un amplio sistema de protección jurídica, factores como la pobreza, la exclusión social, la debilidad de las redes de protección y la insuficiencia de las políticas públicas contribuyen a la persistencia de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se concluye que para hacer frente a esta forma de violencia se requiere una acción integrada entre el Estado, la familia y la sociedad, junto con la implementación de políticas públicas eficaces y la plena realización de los principios constitucionales de dignidad humana, protección integral y prioridad absoluta.